El papel del emprendimiento social resulta fundamental para alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020 de la UE, tal y como indica un estudio realizado por la empresa Latham & Watkins donde se analiza el papel del emprendimiento social en la Unión Europea y, específicamente, su regulación en Reino Unido, Francia y España.
Las prioridades de la Estrategia 2020 de la UE son:
- Crecimiento inteligente: basado en el conocimiento y la innovación.
- Crecimiento sostenible: promoviendo una economía más eficiente en el uso de recursos, eco sostenible y competitivo.
- Crecimiento inclusivo: fomentar la empleabilidad basada en cohesión económica, social y territorial.
Las empresas sociales deben ser una prioridad de las políticas nacionales de inversión de la UE, con el fin de mejorar empleo, generar una mano de obra más cualificada y, sobre todo, para reducir la exclusión social. No solamente por la creación de empleo, sino porque dentro del contexto de exclusión social, el empleo es poco calificado tiene menos oportunidades de colocarse en una economía en recesión.
Este potencial de la economía basada en emprendimiento social ha sido frecuentemente subestimado. Ésta genera puestos de trabajo, aunque en menor escala, pero más sostenibles, y han demostrado mayor resistencia a la crisis que la economía general. Estos emprendedores contribuyen a la innovación social, impulsan la inclusión social y contribuyen activamente a lograr los objetivos de la Estrategia 2020 de la UE.
Desde la UE existe conciencia de la necesidad de entender mejor el emprendimiento social y desarrollar herramientas que fomenten su visibilidad. Existe interés en promover el conocimiento compartido y el desarrollo de capacidades nacionales y regionales desde la administración. Queda claro que los emprendedores sociales tienen la capacidad de crear impacto social y económico a gran escala. Desde la administración debe ser prioritario que surjan iniciativas que apoyen, promuevan y financien proyectos de emprendimiento social, sobretodo a través de fondos estructurales. Estos deben tomar forma de análisis, establecer redes y definir y compartir principios y modelos de éxito.
En España, desde la Dirección General de Fondos Comunitarios ubicada dentro del Ministerio de Hacienda, se solicita a los socios lo siguiente:
a. Proveer información sobre las disparidades, necesidades de desarrollo y potencial de crecimiento para los objetivos a definirse en el proyecto de ley europeo. Estos son: promover la inclusión social, combatir la pobreza, promover el empleo y la competitividad de las PYMES
b. Dar su opinión sobre como implantar mejor los principios de asociación, igualdad y no discriminación.
La Dirección General de Fondos Comunitarios ha puesto a disposición de todos sus colaboradores, una dirección de correo electrónico para enviar sugerencias sobre estos puntos y sobre cómo emplear los fondos europeos para lograr estos objetivos: programacion@sepg.minhap.es
Por otra parte, ya se está redactando el contrato de asociación para España. Este es el momento para asegurarse de que las empresas sociales son consideradas y promovidas de forma expresa, y que las disposiciones pertinentes se incluyen en el contrato de asociación para garantizar que las empresas sociales son una prioridad de inversión en España.
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